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Hace mas de 20 años como insurgencia hemos buscando una salida política a la guerra (conflicto armado), y en ese sentido nos encontramos  examinando la voluntad del gobierno en turno para alcanzar este objetivo, paradójicamente, hasta ahora,  solo se evidencia su negativa a asumir lo que esto implica, reafirmando una vez mas que su paz es simplemente retorica.

Desde los inicios confidenciales y hoy en medio de la fase pública hemos reiterado que este proceso no se trata de beneficios y garantías para la insurgencia en un eventual ejercicio legal de la política, sino, que la construcción de la paz requiere la atención y solución de las causas que generan el alzamiento armado y bajo esta premisa eximimos la participación de la sociedad en la búsqueda de esas soluciones.

Lejos de lo que se esperaría en medio de un proceso de paz, la persecución y el asesinato a lideres sociales por parte de agentes estatales y paraestales continua en aumento; y hoy a este desalentador panorama se le suman las acusaciones y señalamientos que hacen algunos creadores de opinión o periodistas, a las organizaciones populares que reclaman sus derechos, denuncian el incumplimiento sistemático  del Estado en sus compromisos pactados y reclaman un espacio en el proceso de paz.

Tal es el caso del artículo publicado por la Silla Vacía el pasado 28 de febrero donde Juanita León ínsita a la violencia y la persecución bajo el eufemismo de la “zanahoria” y el “garrote” haciendo referencia a que las posiciones del ELN no se moverán bajo la presión militar a sus estructuras y recomienda al establecimiento pañitos de agua tibia para la  participación de la sociedad y una arremetida a los sectores sociales que ven en los planteamientos de la insurgencia caminos acertados en la búsqueda de la paz.

Desde los inicios de la guerra contrainsurgente la doctrina militar adopto en su accionar la estrategia de “quitar el agua al pez”,  rediseñada para el contexto actual, hoy se trata de minar, atemorizar y señalar las voces inconformes del pueblo que buscan ser incluidas y protagonistas de una nueva nación en paz.

Exigir el derecho a la participación en el proceso de paz no puede calificarse como un delito y menos cuando se busca sacar la violencia de la política. El que los sectores populares se identifiquen con la insurgencia solo da cuenta del abandono y el descrédito de la clase gobernante y no por ello deben ser declarados objetivos militares o judiciales del establecimiento.

El que se intensifique este fenómeno es una muestra mas que el alzamiento armado no es capricho de unos cuantos rebeldes, sino la consecuencia de la exclusión política y la violencia que le permiten a la minoría gobernante turnarse el poder desde hace mas de un siglo.

Como Ejercito de Liberación Nacional reiteramos al pueblo colombiano y la comunidad internacional nuestro compromiso irrevocable en la búsqueda de la solución política al conflicto. Y en igual sentido los llamamos a exigir que  se pare el genocidio a los lideres sociales y se castigue a los responsables. A los medios pedimos ser justos y equilibrados en sus pronunciamientos pues hechos como el mencionado anteriormente solo contribuye a esa estrategia de terror impuesta por el Estado de asesinar al contradictor político antes que escuchar sus argumentos.