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El pasado 26 de Marzo el pueblo de Cajamarca ganó de manera contundente la consulta popular, que buscaba conocer si sus habitantes estaban de acuerdo o no con la explotación minera en el municipio. Con más de 6000 votos por el NO y solo 76 votos por el SÍ, el pueblo decidió decirle NO a la minería.

Inmediatamente se supo esta decisión, la empresa minera Anglo Gold Ashanti se pronunció en contra, señalando que ya ha adquirido derechos para la explotación en el territorio. Lo infortunado de este pronunciamiento es que el gobierno nacional lo respalda, como dijo el Ministro de Minas "la consulta solamente expresa la voluntad popular". 

La consulta popular es un mecanismo de participación fruto de la lucha del pueblo colombiano por ampliar la antidemocracia en la que vivimos. Con esta postura la oligarquía del país demuestra que le teme a la participación vinculante del pueblo, y solo ante la presión popular ha cedido en la creación de estos mecanismos.

Sin embargo, ni siquiera los mecanismos existentes son respetados. La democracia colombiana se quedó estancada en el voto como única oportunidad de expresar los sentimientos y visiones sobre el país, a la hora de poner en práctica los mecanismos de la democracia participativa estos son burlados como pasa en Cajamarca, la voluntad del constituyente primario, del máximo soberano es, en la práctica, de segunda categoría frente a la de los gobernantes que este eligió.

Se dirá de nuevo que la consulta tiene un carácter no vinculante, pero si realmente existiera voluntad del gobierno colombiano de escuchar a la ciudadanía, de apreciar sus intenciones, respaldaría de manera decidida lo que una consulta expresa. Los intereses de la oligarquía colombiana en consolidar el sector y el capital minero internacional están por encima del ambiente, del agua y de la vida del pueblo, al fin y al cabo seguir restringiendo la democracia es evitar las presiones sociales a favor del cambio, además es permitir que se acabe la vida del planeta y sus gentes.

El Gobierno Nacional impone su modelo de áreas estratégicas sobre la voluntad de las gobernaciones y alcaldías municipales. Esto va en clara contravía de la descentralización política y de la autonomía del gobierno en los territorios. La misma Corte Constitucional se ha tenido que pronunciar a favor de la autonomía de los territorios para decidir sobre la extracción minera; y al parecer ni la Aglo Gold Ashanti, ni el gobierno colombiano han leído las sentencias.

Por encima de los entes territoriales, de la Corte Constitucional y del pueblo colombiano, el gobierno sigue defendiendo la minería a gran escala. Las transnacionales son las únicas beneficiadas de este negocio, porque para la clase popular significa contaminación del agua, cambio de las costumbres del territorio, freno de potencialidades productivas y daños irreversibles al ambiente.

Si el gobierno nacional no toma en cuenta la voluntad popular ni siquiera con los mecanismos ya existentes, ¿Qué se puede esperar de su enfoque de participación y, de su intención de ampliar la democracia en el país como está definido en la agenda pactada con el ELN?

El ELN ha expresado en múltiples ocasiones que es necesaria la ampliación de la democracia colombiana y, que es preocupante la posición antidemocrática de la oligarquía que impide el avance de una participación vinculante. Es por eso, que el punto de democracia para la paz de la agenda de diálogo Gobierno – ELN, busca que el país discuta los métodos y mecanismos para democratizar a Colombia.

Participar significa construir consensos nacionales desde la diversidad de territorios del país sobre el tipo de Estado, gobierno y sociedad que como pueblo queremos. Llamamos al conjunto de la sociedad colombiana a hacer valer los mecanismos de participación directa, a buscar con contundencia la ampliación de la democracia, justicia y equidad social así como la soberanía que necesita Colombia.

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