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Los hechos recientes

La hija de un dirigente social, Sharon Mármol, una niña de 14 años, fue desaparecida el 7 de marzo cuando iba para el colegio, luego apareció violada y asesinada cerca de la casa donde vivía; lo que provocó un levantamiento popular en Santa Rosa, Sur de Bolívar; que fue reprimido por la Policía, quien mató a un comerciante con un tiro en el pecho, además de herir a otras 7 personas.

Klaus Zapata, estudiante de último año de Comunicación Social, líder comunitario y fundador de una Escuela de Derechos Humanos fue asesinado por sicarios, cuando practicaba deporte en Soacha.

Mientras en El Bagre, Antioquia, varios pistoleros mataron a William Castillo activista de derechoshumanos y ecologista.

El 17 de marzo, un operativo conjunto de la Policía y el Ejercito penetró en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, para llevarse a varios estudiantes, que habían madrugado a pintar un mural cultural en los muros de la biblioteca, en apoyo al Paro Nacional, que ese día realizaron las organizaciones sociales del país.

En el departamento de El Cesar siguen amenazados los campesinos que han retornado a las tierras, que les habían sido despojadas por los paramilitares de extrema derecha.

El 15 de febrero, en Santander del sur, los paramilitares de El Carmen de Chucurí, derribaron árboles sobre la carretera, para impedir la peregrinación que se dirigía a Patio Cemento, con la intención de conmemorar los 50 años, de la muerte del sacerdote Camilo Torres.

En Norte de Santander donde las masacres, asesinatos y amenazas continúan, Henry Pérez, líder del Comité por la reparación colectiva a las víctimas de la zona, fue desaparecido en el corregimiento de la Gabarra, Tibú, el 26 de enero.

Las comunidades del Bajo Putumayo denunciaron que en la segunda semana de febrero, circularon aparición panfletos intimidatorios, en los cuales se anunciaba la llegada de un “comando de limpieza” social, escuadrón de justicia y muerte". Desde entonces han asesinado con la modalidad de sicariato, a ocho personas, en varios municipios de este departamento.


Crímenes en dominios de La Gata

Al parecer se encuentra en prisión, la jefa paramilitar Emilce López, alias La Gata, pero aún sigue mandando en sus territorios tradicionales, como el municipio de Montecristo, Sur de Bolívar. En cuyo casco urbano permanecen estacionados sus escuadrones paramilitares, al lado del cuartel de la Policía y en coordinación permanente con la Base del Batallón Nariño, de la Primera Brigada del Ejército, localizada a escasos 500 metros de la cabecera municipal.
Son continuas las parrandas y escándalos de los soldados en esta población; en la última de ellas, un militar borracho y drogado involucrado en un riña, subió a la Base por su fusil de dotación, con el que disparó indiscriminadamente, matando a 3 persona civiles, entre ellos a una niña menor de edad.


El historial delictivo

Las estadísticas de instituciones independientes dicen, que en Colombia hay 7 millones de víctimas por el conflicto y que en los últimos años ha habido más de 2 mil agresiones contra lideres sociales.

Según la Oficina de DDHH de la ONU, en el 2015 amenazaron a 682 defensores de derechos humanos, de los cuales asesinaron a 69, cifra que superó la del 2014, año en que asesinaron 56.

Christoph Harnisch del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, tiene un registro en proceso de búsqueda de 70 mil personas desaparecidas; la mayoría de las cuales están por buscarse en decenas de cementerios clandestinos, muchos de ellos están al lado o dentro de las guarniciones militares.

El narco paramilitarismo de extrema derecha, que fue indultado durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), es el mismo que ahora actúa abiertamente y con absoluta impunidad en todo el territorio nacional. El 40 ciento de las que ahora llaman como “bandas criminales” están comandadas por antiguos indultados, quienes siguen en comunicación con los parapolíticos que están presos; el 30 ciento están dedicados a proteger a los corruptos y el 30 ciento son mercenarios que se venden al mejor postor, entre los que se encuentran los caciques políticos, mafias y poderes económicos regionales (1).


La denuncia ayuda a proteger a los perseguidos

“Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los Derechos Humanos, sobre todo en áreas rurales” (2); debido a que no hay protección del Estado y la falta de interés de las autoridades para investigar las amenazas y los crímenes perpetrados por el paramilitarismo.

El 17 de marzo, la representación de la Unión Europea en Bogotá, más Suiza y Noruega -que no hacen
parte de la Unión-, expresaron su preocupación al Gobierno colombiano por los recientes asesinatos de
defensores de derechos humanos y lideres sociales, como William Castillo, Marisela Tombao, Klaus Zapata, Willian Alexander Oime y Henry Pérez (3).

No hay que echar al olvido, que el ex presidente Álvaro Uribe, califica de “idiotas útiles del terrorismo” a los defensores de derechos Humanos; calumnia que bien resume la mentalidad y estrategia que aplica el régimen dominante en su lucha contra insurgente, en la que considera “enemigo interno”, a quienes protestan y piensan diferente.

La minoría en el poder considera un obstáculo para lograr paz, el que exista un reclamo por los derechos humanos; mientras los sectores democráticos, progresistas y de izquierda consideran, que el acatamiento de tales derechos es indispensable en la construcción de la paz que tanto anhelamos, y para la democratización del país.
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(1) Datos de la Fundación Paz y Reconciliación.
(2) Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos.
(3) UE "preocupada” por asesinatos de activistas en Colombia. DW.de, 17.03.16

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